Área Jurídica - Derecho Procesal

La singularidad del sistema procesal español provoca la necesidad de poseer una amplia experiencia en este campo. En SOLER-PADRO, v. HOHENLOHE, HOPEWELL, WEITZMANN intervenimos en la defensa de los intereses de nuestros clientes, ya sean particulares o empresas, en todo tipo de procedimientos judiciales y extrajudiciales. Ofrecemos soporte a nuestros clientes en procesos de arbitraje y negociación, representándoles en los tribunales en los supuestos en que resulte necesario. Nuestros servicios abarcan distintos órdenes jurisdiccionales:
 
-Jurisdicción civil: Controversias arrendaticias y sucesorias, demandas por intromisión en la intimidad, impugnación de acuerdos sociales, acciones de responsabilidad contra los administradores, reclamaciones de cantidad y otros.
 
-Jurisdicción penal: Actuación en delitos económicos, como estafas, insolvencias punibles, malversación de fondos, apropiación indebida y alzamiento de bienes.
 
-Jurisdicción contencioso-administrativa: Recursos frente a sanciones de todo orden impuestas por las Administraciones públicas. Revisión jurisdiccional de expedientes administrativos instados frente a particulares y empresas en diversos ámbitos como el laboral, tributario y extranjería.
 
-Procedimientos concursales: Tratamiento de situaciones de crisis empresarial, tanto por cuenta de la empresa como de sus acreedores: quiebra, concurso de acreedores y reorganización de deudas.
 
-Procedimientos de arbitraje y negociación: Nuestro bufete participa activamente en procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, tanto a nivel nacional como internacional. En el Área de Nuevas Tecnologías, por ejemplo, es miembro del Tribunal Arbitral del Colegio de Ingenieros Informáticos de Cataluña.
 
En colaboración con nuestro departamento de Derecho Financiero y Bancario, SOLER-PADRO, v. HOHENLOHE, HOPEWELL, WEITZMANN  ha adquirido una dilatada experiencia en la recuperación de créditos impagados a favor de entidades financieras extranjeras, a través de la ejecución de garantías en España por la vía judicial y mediante la pertinente negociación extrajudicial.